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El coste humano derivado del conflicto civil en Birmania

La problemática relación de Birmania con los grupos étnicos (Parte 2)

26 September 2019

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A ochenta kilómetros de la frontera china, en las frondosas montañas al noreste del estado de Shan en Birmania, se encuentra la ciudad minera de Namtu, conocida durante la era colonial británica por sus minas de plata y plomo. Sin embargo, Namtu ha empezado a cobrar relevancia como epicentro del conflicto de Shan entre el Tatmadaw (las fuerzas armadas de Birmania), las organizaciones étnicas armadas y varios grupos aliados al Tatmadaw. Todos ellos actúan con casi total impunidad y suelen capturar a civiles durante los tiroteos.

Mineros ilegales buscan oro en una mina cerrada a causa del proyecto Myitsone Dam. Los mineros usan mercurio para amalgamar y recuperar el oro de los sedimentos. (Myitsone, Kachin, 13 agosto 2016)

Muchas de las personas que se han tenido que desplazar debido al conflicto forman parte de los más de 401.000 desplazados internos en Birmania, según el Displacement Monitoring Centre [Centro de Monitorización para los Desplazamientos Internos]. Además, han estado viviendo en campamentos desde que, en 2016, se reanudaron los combates entre las organizaciones étnicas armadas (EAO, por sus siglas en inglés), el Restoration Council Shan Estate (RCSS) [Consejo de Restauración del Estado de Shan], el Shan State Progress Party (SSPP) [Partido por el Progreso del Estado de Shan], el Ta´ang National Liberation Army (TNLA) [Ejército de Liberación Nacional de Ta’ang] y el Tatmadaw.

Muchas de las personas que residen en los campos de desplazados arrastran historias de horror por todo lo que han perdido durante el conflicto, como sus casas, sus familiares, sus amigos e, incluso algunos, la esperanza de vivir en una paz duradera.

La See se sienta dentro de su precaria vivienda en el campamento de la Iglesia Lisu (Namtu), que acoge ya a más de 200 desplazados internos. La See afirma que se mudó al campamento en 2016, a petición de su padre.

“[Mi padre] no quería perder más hijos”, declaró.

La See, residente del campamento de desplazados internos de la Iglesia Lisu, se sienta en el nuevo hogar de su familia. La See tiene a miembros de la familia desaparecidos desde que el año pasado fueron a comprar arroz a un pueblo vecino. La See afirma que recibió información de que los miembros de su familia habían sido detenidos por el RCSS (Consejo de Restauración del Estado de Shan). No ha recibido noticias de ellos desde entonces. (Namtu, 19 de junio de 2019)

La See recordó la semana en la que desaparecieron sus dos hermanos mayores, al igual que varios campesinos más. Fue el 18 de junio de 2016, tras abandonar su aldea para comprar arroz en el mercado de la ciudad vecina Namtu.

En aquel momento, el conflicto entre los grupos étnicos se había agravado, debido al control de todas las aldeas de la zona por las diferentes organizaciones étnicas armadas.

“El RCSS advirtió a los campesinos de que no podían disponer de más de un pyi (2,13 kg) de arroz”, narraba La See. “De esa forma, no podríamos darles raciones a las demás organizaciones étnicas armadas”.

La See aseguró que su familia más cercana nunca regresó, y que los miembros restantes comenzaron a temer que el RCSS los hubiera detenido, ya que el grupo había arrestado a muchas personas en una aldea cercana días atrás.

“A día de hoy, no tengo ni idea de si están vivos o muertos. Ni siquiera he recibido ningún tipo información como miembro de la familia que soy”, manifestó. “Supongo que están muertos, pero todavía no estoy seguro”.

Tal y como ha sucedido todos estos años en Birmania,  los civiles siguen enfrentándose a la intimidación o a la violencia por parte del ejército birmano.

Sai Myint Mon ha estado en un centro de detención desde que fue detenido el 26 de abril, acusado por el Tatmadaw de recaudar impuestos para el RCSS. En el momento de su detención, su hermano, Sai Tint Cho, trabajaba como administrador en Kyaukme, una aldea al norte de Shan.

Le detuvieron  de acorde a la sección 17 de la Unlawful Association Act [Ley de Asociaciones Ilícitas]. Se trata de una norma que se creó en la era colonial y permite que las autoridades arresten a cualquier persona que “sea miembro de una asociación ilegal, o participe en las reuniones de dicha organización; contribuya, reciba o solicite cualquier contribución a efectos de la misma; o ayude de alguna manera a sus operaciones “. Así que, Sai Tint Cho se enfrenta a una condena de hasta tres años de cárcel.

“Mi hermano estaba haciendo lo que tenía que hacer. Así es la vida en esta zona”, afirmó Sai Myint Mon. “Si te niegas, te matan”.

Sai Myint Mon muestra una foto de su hermano Sai Tint Cho, que se enfrenta a cargos en virtud de la sección 17 de la Ley de Asociaciones Ilítcitas (1). Sai Tint Cho era un administrador campesino en la ciudad de Nam Nu en Kyaut May, estado de Shan, que fue acusado por el Tatmadaw de recaudar impuestos para los grupos étnicos armados. Actualmente está en prisión. (Carretera China-Birmania, entre Hsipaw y Lashio, al norte del estado de Shan, 20 de junio de 2019)

Hay otras leyes que se han mantenido vigentes de forma deliberada y que se han utilizado contra los ciudadanos de las zonas en conflicto. Así lo explicó Matthew Smith, fundador y director ejecutivo del grupo defensor de los derechos humanos Fortify Rights [Derechos Reforzados]. El camino hacia la justicia puede ser inalcanzable.

“El poder judicial en Birmania carece de independencia, sobre todo, en los casos que afectan a los militares”, declaró Smith. “A los civiles étnicos de las zonas afectadas por el conflicto se les deniega un juicio justo todos los días “.

Para las personas que viven en estas zonas, la ayuda externa puede ser inalcanzable, ya que los militares siguen restringiéndoles la asistencia internacional a los desplazados internos de todo el país.

“Usar la ayuda como un arma, bloquearla, obstruir el trabajo de las organizaciones humanitarias o negar el acceso de los civiles a ella, viola las leyes de guerra y puede constituir un crimen de guerra”, dijo Smith. “En consecuencia, muchos civiles carecen de alimentación, atención médica, agua, alcantarillado y vivienda adecuados, así como de otras necesidades básicas “.

Mientras tanto, los efectos de la guerra perduran años después del último disparo.

En Panglong, la misma ciudad en la que se firmó el Acuerdo Panglong de Aung San hace 70 años, Wee La Tat yace en su cama. A su lado, podemos apreciar la ventana cubierta con plástico para ocultar los cristales rotos por el bombardeo de artillería. De vez en cuando, se frota el muslo, que termina de forma abrupta por encima de donde debería estar su rodilla. La perdió después de pisar una mina en 2016.

Tras perder la mayor parte del oído y la vista, así como la pierna izquierda y el movimiento de la derecha debido a la explosión, su esposa con más de 30 años, Shwe Myat, habla por él cuando tienen visita.

“Hubo grandes combates entre el Tatmadaw y el TNLA, así que, unos días después de que cesaran los enfrentamientos, fue a ver si la nueva choza que había construido sobre nuestro arrozal había sobrevivido al fuego”, comentó. “Fue entonces cuando pisó la mina. Las personas que lo encontraron dijeron que, cuando lo vieron, no le quedaba hueso en la pierna izquierda, solo colgajos de piel”.

Wee La Tat, víctima de una mina terrestre (en la cama) y su esposa, Shwe Myat (en el suelo), en su casa en Panglong Town. Wee La Tat pisó la mina mientras cuidaba de sus cultivos tras los combates producidos en la zona. Perdió una pierna y se quedó sordo por la explosión. (Panglong, 19 de junio de 2019)

Otra cosa que Wee La Tat perdió, según la esposa, fue las ganas de vivir.

“Se ha convertido en un hombre prácticamente muerto”, explicó Shwe Myat. “Cuando habla, solo me cuenta la forma en la quiere morir. Ya no quiere vivir más”.

Shwe Myat explicó que, desde que el Tatmadaw llegó a la zona hace dos meses, ha habido más estabilidad en el área.

“Es bueno tener a los soldados birmanos aquí”, sostuvo. “Sin ellos, los rivales seguirán luchando sin piedad a nuestro alrededor”.

Sin embargo, no todos sienten lo mismo.

A menos de una hora en coche por el este de Kutkai, ciudad mercantil en la carretera China-Birmania, unos 200 refugiados se sientan en la iglesia de Kachin, al final de una carretera sin asfaltar. Los niños juegan en el campo cercano, mientras las mujeres cuelgan mantas para que se sequen.

Ja Bu, una mujer de la Iglesia, confirmó que ella y otros aldeanos se fugaron al escuchar disparos entre el Kachin Independence Army [Ejército Independiente de Kachin] y las tropas del Tatmadaw.

“Como habíamos tenido malas experiencias la última vez que hubo combates en la aldea, esta vez fuimos más valientes a la hora de irnos”, declaró. Se refería a los enfrentamientos anteriores entre grupos de la región durante los últimos ocho meses. “Ya nos han desplazado en el pasado y ahora lo vuelven a hacer”.

Los refugiados que han sido desplazados recientemente se sientan en el patio, frente a una iglesia de Kachin, a 40 minutos en coche hacia el este de Kutkai, en el estado de Shan. Los desplazados internos llegaron la semana anterior, al estallar los combates entre el TNLA (Ejército de Liberación Nacional de Ta’ang) y el Tatmadaw en los alrededores de la aldea de Mo Hann. Los refugiados afirmaron que el TNLA ha estado presente en el pueblo durante los últimos ocho meses. (Kutkai, 22 de junio de 2019)

La situación en el norte de Shan no es la única problemática.

A lo largo del año pasado, se agravaron los combates en Birmania. La United Nations Independent International Fact-Finding Mission [Misión Internacional e Independiente de Investigación en las Naciones Unidas] dio, en relación a Birmania, algunas “pautas lógicas para evitar violaciones y abusos graves de los derechos humanos” por parte del Tatmadaw en los estados de Shan, Kachin y Rakhine.

La escalada de conflicto más conocida a nivel internacional ha sido la crisis de los Rohinyá, en la que huyeron más de 750.000 musulmanes Rohinyá a la vecina Bangladesh. Lo hicieron durante las “operaciones de limpieza” que llevó a cabo el ejército birmano después de que los miembros del ejército Arakan Salvation Rohingy atacaran a más de 30 puestos de policía en Arakán, y mataran a 12 miembros de las fuerzas de seguridad en agosto de 2017.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que, al menos, 6.700 Rohinyás, incluidos al menos 730 niños menores de cinco años, fueron asesinados solo en el primer mes de violencia. En marzo de 2018, el reportero especial de las Naciones Unidas en Birmania, Yanghee Lee, aseguró que los crímenes que ha cometido el ejército birmano tenían “el sello distintivo de un genocidio”. Además, los grupos de derechos humanos estiman que 500.000 Rohinyás siguen viviendo en Birmania a día de hoy en campos de refugiados con condiciones similares a la de los campamentos, acceso limitado a comida, educación o atención médica.

Mientras tanto, el gobierno de Birmania ha negado la responsabilidad de los ataques y ha publicado una declaración en la que estipula que “rechaza de lleno” un fallo de la Corte Penal Internacional. El tribunal de lo penal asegura que el organismo tiene jurisdicción sobre las presuntas deportaciones de los musulmanes Rohinyá a Bangladesh como posible delito contra la humanidad.

De vuelta en el campo de desplazados internos en la Iglesia Lisu (Namtu), le preguntan a La See si cree que habrá paz en lo que le queda de vida. Su respuesta fue concisa: “Si me preguntas sobre el futuro y lo que sucederá, no tengo ni idea”.

Article and photography by Victoria Milko.
Editing by Mike Tatarski and Anrike Visser.
Illustrations by Imad Gebrayel.


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