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La tarde del 12 de mayo de 2018, la policía ocupó las calles del centro de Yangón (Rangún), golpearon a los manifestantes con porras y los metieron a la fuerza en furgones policiales. Incluso mientras los arrestaban y los cogían por el cuello, los manifestantes seguían gritando: “¡Queremos la paz!”
Manifestantes en la protesta contra la guerra en Tamwe, Yangon, Myanmar. (Yangon, 12 de mayo de 2018)
La policía durante la manifestación contra la guerra en Tamwe, Yangon, Myanmar. (Yangon, 12 de mayo de 2018)
La manifestación, a la que asistieron miles de asistentes, se volvió a repetir en muchas otras ocasiones durante aquel mes por todo el estado birmano. La gente tomó las calles para expresar la creciente frustración por la vulneración de los derechos humanos en los estados étnicos y por el atrincheramiento en una guerra civil que persiste desde hace décadas.
“De lo que nos dimos cuenta, afirman algunos grupos de jóvenes, fue de que el gobierno no está haciendo lo que dijo que haría. Parece que solo están haciendo las cosas para concursar en un espectáculo”, declaró el activista juvenil y manifestante del 12 de mayo, Thinzar Shunlei Yi. Así mismo, rebatió las promesas que hizo el gobierno durante la campaña para traer la paz y la igualdad a todos los habitantes de Birmania. “Así que decidimos que teníamos que hacer las cosas por nuestra cuenta y llevar nuestro mensaje de paz a la gente”.
Tres años después de que la National League for Democracy (NLD) [Liga Nacional para la Democracia] de Aung San Suu Kyi tomara el poder, los expertos aseguran que el proceso pacífico de Birmania está perdiendo fuerza.
Al asumir el cargo en marzo de 2016, la NLD anunciaba un plan para mantener conversaciones de paz dos veces al año con las denominadas “21st Century Panglong Union Peace Conferences” [Conferencias por la paz de la Unión de Panglong en el siglo XXI], en referencia a la originaria Conferencia de Panglong de 1947.
Sin embargo, ya desde el comienzo de la primera conferencia, que se celebró en agosto de 2016, hubo problemas. A algunas organizaciones armadas, como al National Liberation Army [Ejército de Liberación Nacional] de Ta’ang y al Ejército de Arakán no se les invitó a participar. Así que, la lucha continuó en los estados de Kachin y Shan mientras se celebraba la conferencia.
Después de varios aplazamientos, se celebraron la segunda y la tercera conferencia, cada una de las cuales avanzaba menos que la anterior. En la tercera conferencia, algunos grupos armados, como la Karen National Union [Unión Nacional Karen] y el Restoration Council [Consejo de Restauración] del Estado de Shan ya se habían retirado. Alegaron el fracaso a la hora de implementar de forma efectiva los acuerdos que se habían pactado.
“Es sorprendente ver cómo las esperanzas gracias a la firma del Nationwide Ceasefire Agreement [Acuerdo Nacional de Alto el Fuego] en octubre de 2015 han derivado en la disminución de confianza cada vez mayor, ya que los militares impidieron la aplicación del acuerdo”. Así lo explicaba el asesor legal independiente Jason Gelbort. “Y eso hace que los demás grupos no tengan ganas de participar en el proceso de alto el fuego, sobre todo, cuando se están produciendo ofensivas y abusos continuos del Tatmadaw contra los civiles”.
Una de las principales raíces del problema, según Gelbort, es que los resultados que esperan los militares y los grupos étnicos son completamente diferentes. Esto conduce a un punto muerto en el proceso de negociación.
“Los grupos étnicos armados, las comunidades étnicas y las organizaciones de servicio comunitario quieren transformar la estructura del estado y no quieren legitimar la constitución de 2008”, aseguró. “Quieren negociar cómo será la unión en el futuro, cómo se dividirá el poder y cómo se protegerán los derechos”.
Mientras tanto, desde la perspectiva de involucrados directamente en el proceso para la negociación de la paz, los militares desean lo contrario.
“[El comandante en jefe] Min Aung Hlaing quiere un solo ejército en el país, es decir desarmarnos. Estamos de acuerdo en que un único ejército resolvería los problemas políticos, pero la cuestión relativa a la entrega de armas radica en el derecho de secesión”, declaró Sao Hso Ten, impulsor del Partido por el Progreso del Estado de Shan / Ejército del Estado de Shan. “[Min Aung Hlaing] cree que nunca deberíamos separarnos y que el derecho de secesión nos pertenece por nacimiento”.
El derecho de secesión al que se refiere Sao Hso Ten se remonta al Acuerdo de Panglong original que se firmó entre Aung San y los líderes étnicos en 1947. Este habría otorgado a los grupos étnicos una mayor autonomía de gobierno a nivel de la Unión. Sin embargo, con el asesinato de Aung San y la posterior toma de posesión de la junta militar, el acuerdo nunca se cumplió.
Sin embargo, para reformar la constitución de Birmania más del 75 % de los 440 parlamentarios deben votar a favor de la enmienda. Esto es casi imposible, ya que la constitución actual otorga a los militares 100 escaños automáticamente, o el 25 % de los escaños parlamentarios, en virtud del famoso Artículo 436.
“Min Aung Hlaing dijo que ya es hora de detener la lucha armada, disolver nuestro grupo armado y unirnos al parlamento, pero Aung San Suu Kyi no puede derrocar el Artículo 436, así que, ¿cómo pueden cambiar las cosas?”, preguntó Sao Hso Ten. “Por eso hemos llegado la conclusión de que, si no cogemos las armas, no podemos alcanzar la libertad”.
Un miliciano de Kaung Kha, apostado frente al manau de la ciudad. La aldea, a 40 minutos en coche desde Kutkai, está completamente controlada por la milicia. (Kutkai, 22 de junio de 2019)
El mayor general, Zawn Lum, de las Milicias de Kaung Kha, se sienta en una oficina de su sede en las afueras de Kutkai, estado de Shan. (Kutkai, 22 de junio de 2019)
Un guardia apostado a la entrada de la aldea y del cuartel general de las Milicias de Kaung Kha. (Kutkai, 22 de junio de 2019)
Algunos representantes de organizaciones internacionales comparten la misma opinión.
“El Tatmadaw es el mayor obstáculo para el desarrollo de Birmania como nación democrática y moderna”, según constituyó Marzuki Darusman, presidente de la United Nations Independent International Fact-Finding Mission [Misión Internacional e Independiente para la Investigación de las Naciones Unidas] sobre Myanmar, en un comunicado de prensa de la ACNUDH. “El Comandante en Jefe del Tatmadaw, Min Aung Hlaing, y todos los líderes actuales deben sustituirse, y se debe llevar a cabo una reestructuración completa para colocar al Tatmadaw bajo control total de los civiles. La transición democrática de Birmania depende de ello”.
En diciembre de 2018, el Tatmadaw anunció un alto el fuego en cinco comandos regionales. El objetivo era resucitar las conversaciones de paz que elogió la comunidad local e internacional.
Sin embargo, el alto el fuego no incluía de forma oficial al estado de Rakáin, donde la lucha entre el Tatmadaw y el ejército de Arakán se ha intensificado desde principios de año, lo que ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de civiles. En otras zonas, las refriegas entre el Tatmadaw y otros grupos armados durante el alto el fuego han desplazado a los lugareños en los estados de Shan y Kachin.
Como consecuencia del lento progreso en los niveles de la Unión dentro del gobierno las organizaciones étnicas de base se han unido para defender a las comunidades. Además, proporcionan ayuda, recopilan documentación sobre violaciones de derechos humanos y educan a los jóvenes en el liderazgo y la democracia.
“Si nosotros no ayudamos a nuestra gente, ¿quién lo hará?”, se preguntó Lway Poe Kamaekhour, una líder de la Ta’ang Women’s Association [Asociación de Mujeres Ta’ang]. Esta organización proporciona ayuda a las comunidades étnicas Ta’ang que han sido asoladas por la guerra en el norte del estado de Shan. Además, hace llamamientos al Tatmadaw de forma periódica para pedir la paz en la región.
Como se vio con las protestas que tuvieron lugar en Birmania durante el año pasado, el llamamiento a la paz, o las medidas que se han llevado a cabo para alcanzarla, como la abolición del artículo 436, está cobrando fuerza, sobre todo, entre los jóvenes.
“Parece que [el gobierno] mide la paz por la cantidad de conferencias que celebran, y esa no es la mejor manera”, añadió Thinzar Shunlei Yi. “Nosotros [los jóvenes] creemos que debe haber un consenso con base firme y un reconocimiento de lo que la gente quiere, y, en este momento, no existe algo como tal. ¿Cómo se puede alcanzar la paz si no nos incluyen en el proceso de paz?”
Hasta que haya un reconocimiento de las voces étnicas y juveniles de todo el país, los grupos continuarán organizándose y defendiéndose por sí mismos, asegura Thinzar Shunlei Yi.
“Nos aseguraremos de que escuchen nuestras voces hasta que, al fin, tengamos la paz”.
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Article and photography by Victoria Milko.
Editing by Mike Tatarski and Anrike Visser.
Illustrations by Imad Gebrayel.
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