Lucha Contra una Democracia Obediente

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Desde que se hizo con el poder en 2014, la junta militar de Tailandia ha estado reconstruyendo el sistema político para reprimir a los disidentes y controlar a la población. ¿Cómo intentan dirigir los políticos y sus partidarios una campaña previa a las elecciones de 2019, cuando cientos de personas han sido acusadas, amenazadas y condenadas a prisión por expresar sus opiniones?

Chonticha Jangrew, hija de una familia militar tailandesa, era estudiante universitaria cuando salió a las calles en 2014 para protestar contra los militares, que en ese momento habían derrocado al gobierno elegido democráticamente. Durante la última década, las calles de Bangkok estaban plagadas de manifestantes y activistas políticos, pero Chonticha [en Tailandia la gente suele llamarse por su nombre de pila] y sus compañeros no pudieron disfrutar del derecho a protestar, ya que la imposición de la nueva ley marcial lo prohibió.

La provocadora protesta de Chonticha estaba motivada por la sensación de que algo funcionaba mal cuando los militares decidieron tomar el poder o, como decían los funcionarios, “restablecer el orden” en medio de las protestas por una nueva y polémica ley de amnistía. Chonticha, criada por unos padres estrictos en una familia militar, afirma que ya sabía hasta qué punto la profusión de leyes y la obediencia afectan a la libertad individual. “Este es mi país y debería tener el derecho de decidir lo que quiero [para él]”, declaró a Global Ground esta joven de 26 años.

Desde que la monarquía absolutista fue derrocada en Tailandia en 1932, el país ha visto culminar con éxito 12 golpes de estado. Otros siete fallaron.

“Creíamos que sería breve, que no se quedarían tanto tiempo, pero nos equivocamos”, afirma el historiador Charnvit Kasetsiri. Sin embargo, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (nombre oficial de la junta militar o NCPO por sus siglas en inglés) y el General Prayuth Chan-o-cha (que organizó el golpe de estado de 2014) aún están en el poder, lo que ha dado lugar al segundo gobierno militar más duradero de Tailandia desde 1932.

Charnvit compara a Prayuth con el mariscal de campo Sarit Thanarat, que tomó el poder mediante un golpe de estado en 1957, y cuyo gobierno es recordado como uno de los más represivos en la historia de Tailandia.

Bajo la ley marcial, los militares comenzaron a convocar a más de 100 activistas políticos destacados y figuras afines al gobierno depuesto para someterlos a interrogatorios o “cambios de actitud”, durante los cuales estuvieron aislados varios días. Chonticha también fue citada a declarar y solo se libró del campamento militar tras firmar un documento en el que prometía no participar en el activismo político.

Ella nunca tuvo la intención de cumplir tal promesa. Sin embargo, ante la gran cantidad de leyes, órdenes y regulaciones que han restringido las libertades del pueblo tailandés para protestar, reunirse o incluso criticar la acción del gobierno, los activistas como Chonticha han tenido que adoptar un enfoque creativo.

“Tratamos de evitar acciones judiciales y, por eso, organizamos actividades simbólicas”, afirma Chonticha, que ayudó a fundar el Democracy Restoration Group [Grupo de Restauración de la Democracia]. En el tercer aniversario del golpe de estado, el grupo organizó una fiesta de cumpleaños para recordar que “debido al nacimiento de la dictadura”, se había perdido la democracia.

Chonthicha Jangrew, de 26 años, da un discurso durante un mitin contra el actual régimen en el Monumento del 14 de octubre en Bangkok, Tailandia, el 27 de diciembre de 2018.

La gente ríe, revisa sus teléfonos y sostiene carteles que muestran al actual general del ejército tailandés Prayut Chan-o-chan con la nariz larga durante un mitin contra el régimen actual en el Monumento del 14 de octubre en Bangkok, Tailandia, el 27 de diciembre de 2018.

El temor a ser arrestados y demandados es comprensible. El pasado mayo, cuando el grupo organizó una marcha para convocar elecciones, fueron arrestados 14 participantes. Además, todavía hay algunos miembros en el punto de mira. Según el organismo de control Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) [Abogados por los Derechos Humanos de Tailandia], en los primeros cuatro años del gobierno militar, al menos 876 personas fueron citadas para comparecer en una vista y someterlos a “cambios de actitud” y unas 14 personas se enfrentaron a un proceso judicial por no haberse presentado a la misma.

La junta ha lanzado “un proceso constante de militarización creado por la administración”, en el cual “los civiles se han convertido en objetivos militares”, ya que la ley marcial ha permitido que sean juzgados por tribunales castrenses.

La ley marcial se levantó en 2015. Sin embargo, debido a las advertencias publicadas por las embajadas, por las que no se podía viajar al país, y a las restricciones de algunos seguros de viaje, que perjudicaban a la industria turística, fue rápidamente reemplazada por la Orden 3/2015. Esta prohíbe las actividades políticas y cualquier reunión de carácter político con más de 5 personas.

Esta orden no puede impugnarse por ninguna entidad, ya que, conforme al Artículo 44 de la constitución provisional aprobada por el ejército, cualquier medida “por el bien de las reformas en cualquier campo” se considera constitucional y definitiva. Sus directrices son irrevocables y, según TLHR, unas 400 personas han sido procesadas hasta el momento por participar en reuniones políticas.

Ahora que, según la Constitución, las elecciones deben celebrarse antes del 9 de mayo de 2019, los retos parecen aún mayores y los que tienen esperanza de salir elegidos se enfrentan a un gran dolor de cabeza: ¿Cómo se puede hacer campaña en un país donde los derechos democráticos y básicos, desde la libertad de expresión hasta la organización de eventos políticos, se han reducido al mínimo por el temor a una demanda o a terminar en la cárcel?

La ley que “se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas [por el ejército] para restringir la libertad de expresión”, según un informe de TLHR, es la legislación preexistente del código penal que castiga cualquier insulto, amenaza o difamación del rey de Tailandia, de la reina, de la heredera natural o de la regente con hasta 15 años de prisión. Desde que los militares tomaron el poder, estas violaciones de derechos, conocidas como lesa majestad, se ejercieron contra 162 personas, muchas de ellas por compartir artículos en la web sobre el nuevo rey o memes relacionados con la monarquía.

La Computer Crimes Act [Ley de Delitos Informáticos] es igualmente eficaz. Se aprobó en 2007 pero la junta la reformó en 2016. La ley permite procesar a cualquier persona que comparta información que se considere “falsa” o “distorsionada”, no solo a la parte perjudicada, sino también al gobierno, Se ha utilizado contra algunas figuras importantes, como el líder del recién formado Future Forward Party [Partido Futuro por Delante], Thanathorn Juangroongruangkit, que ha sido acusado por distorsionar los hechos y por dañar la reputación de la junta militar.

El historiador Charnvit Kasetsiri, ex rector de la Universidad de Thammasat, también fue acusado en virtud de la Ley de Delitos Informáticos. Charnvit se unió a Thammasat en los años 70, cuando la institución se convirtió en un símbolo de resistencia contra el régimen militar del país y, desde entonces, ha descifrado las claves de la política tailandesa, la del pasado y la de la actualidad.

En los últimos años, además, se ha convertido en un entusiasta comentarista de Facebook sobre la política tailandesa. Sin embargo, al publicar un comentario sobre el bolso de la esposa de Prayuth fue imputado inmediatamente, según la información de The Times.

Kasetsiri testificó y, desde entonces, no ha tenido noticias de la policía. “La táctica consiste en mostrar a la gente el hecho de que usted, ex rector de la Universidad de Thammasat, puede ser acusado y que nadie está exento”, declara. Aunque muchos se sienten intimidados, Charnvit afirma que no lo silenciarán. “No puedo estar callado. He estado hablando así durante 50 años”, comenta mientras se ríe.

La libertad de expresión, especialmente en la web, ha sido objeto de ataques, según Yingcheep Atchanont, jefe de proyectos en iLaw, que supervisa los asuntos legales, o así lo declara en un correo electrónico enviado a Global Ground. “Del 70% al 80% de los casos [de libertad de expresión] son contenidos en línea y muchos de los civiles acusados fueron juzgados en tribunales militares”.

Sin embargo, a veces, a la estrategia del ejército le sale el tiro por la culata. Cuando la exitosa canción de rap “Prathet ku mi”, que critica directamente al gobierno de Prayuth, se subió a YouTube en octubre, la policía amenazó con emprender acciones legales contra los raperos por alterar el orden, lo que le dio a la canción aún más publicidad.

“El Parlamento es el patio de recreo de los soldados. Los estatutos de la Constitución se han escrito y borrado con las botas del ejército”, dice uno de los versos. En una semana, la canción tuvo alrededor de 17 millones de visitas. En lugar de imputar a los raperos, los militares decidieron tomar ejemplo y lanzaron su propio rap en el que alababan las políticas de la junta.

Construcción de una democracia obediente

Desde que tomaron el poder, los militares han estado reestructurando Tailandia para convertirla en una democracia descafeinada en la que los militares conservarán amplios poderes, que se prolongarán mucho más allá de las elecciones.

En abril de 2017, el país tuvo una nueva Constitución, creada por los militares. Según la International Federation for Human Rights [Federación Internacional de Derechos Humanos o FIDH], las disposiciones debilitan los principios democráticos. Por ejemplo, establecen un período de transición de cinco años que comenzará después de la nueva Asamblea Nacional, la cual se convocará el próximo año. Durante esta transición, el senado designado de forma indirecta por la junta desempeñará un papel clave en la elección del primer ministro. El candidato no está obligado a ganar el voto popular, lo que supone que Prayuth podría convertirse en primer ministro sin que importe el resultado de las elecciones. “No se puede vencer a la junta, porque los senadores la apoyan”, declara Charnvit, lo cual pone en tela de juicio todo el proceso electoral.

La Constitución, con el Capítulo VII, también establece un nuevo sistema de representación proporcional, lo que va a complicar que cualquier partido consiga una mayoría de escaños en el parlamento. “Cuando escribes sobre el sistema electoral tailandés no sabes cómo denominarlo, porque es muy singular”, asegura Khemthong Tonsakulrungruang, experto en derecho constitucional por la Universidad de Bristol.

Además, la junta aprobó un plan de desarrollo a 20 años vista que establece la mayor parte de las políticas económicas y sociales para las próximas dos décadas y será vinculante para cualquier gobierno en el futuro. Cualquier incumplimiento por parte de un gobierno supondría la suspensión de los cargos públicos, o de una posición específica, la expulsión y la pena de prisión.

“Las elecciones de Tailandia son muy hostiles para el primer ministro… Si nos fijamos en las reglas, podemos observar que le van a hacer la vida imposible al próximo presidente del gobierno”, asegura Khemthong.

En este sentido, el partido Pheu Thai, acostumbrado a formar gobiernos, ha dudado sobre cuál va a ser la mejor estrategia para las próximas elecciones y se ha planteado permanecer en la oposición durante el próximo gobierno. “El deber del partido es intentar formar gobierno, pero en esta situación, si estás en el gobierno no puedes hacer nada”, afirma Chusak Sirinil, un asesor legal de Pheu Thai. Sin embargo, finalmente el partido decidió luchar contra la junta, según cuenta Chusak a Global Ground.

En opinión de Chusak, el objetivo del ejército es impedir que Pheu Thai se presente a las elecciones. “Tienen la meta de evitar a Pheu Thai [como ganador de las elecciones]”, comenta el político, mientras señala con el dedo al sistema de votación. Pheu Thai está elaborando actualmente una estrategia con grupos de representantes para tratar de retener tantos escaños como pueda.

“La esencia de esta elección… es cómo burlar o vencer el sistema”, declara Khemthong. Actualmente, no está claro si Pheu Thai existirá en un futuro próximo, ya que se ha iniciado una investigación sobre sus vínculos con el ex primer ministro Thaksin. Según la ley tailandesa, los partidos pueden ser disueltos si se descubre que están influenciados por miembros que no forman parte del partido.

Sólo recientemente, el 11 de diciembre, el gobierno levantó la prohibición sobre actividades políticas, pero no antes de que varios miembros de Pheu Thai fueran imputados, incluido Chusak, que fue acusado de dar una conferencia de prensa a principios de este año.

A pesar de la situación actual, 96 partidos políticos se han registrado para presentarse a las elecciones de principios de diciembre, según la Comisión Electoral. Casi la tercera parte de estos partidos son nuevos y han captado a sus miembros entre activistas de distintos ámbitos.

Rangsiman Rome, un conocido activista y estudiante de derecho, acostumbrado a las detenciones y a las audiencias del juzgado (con un total de ocho casos pendientes) se ha afiliado al partido Future Forward. “Me uní al partido, porque pensé que era un buen comienzo para aliarme a la gente y devolver la democracia a Tailandia”, asegura Rangsiman.

Sin embargo, debido a sus casos pendientes, Rangsiman está haciendo malabares para alternar la campaña con sus comparecencias en el juzgado. Tener que testificar cada pocas semanas es agotador, según afirma, pero le preocupa más su futuro político, ya que si resultase declarado culpable de uno de los cargos, no se le permitiría participar en las elecciones.

Sin embargo, su principal obstáculo hasta ahora ha sido la vigilancia permanente por parte de las autoridades, que le hacen fotos y graban imágenes cuando se reúne con potenciales miembros del partido. “¿Cómo va a sentirse segura la gente después [de asistir a un evento político]?”, se pregunta Rangsiman.

Además, las cosas están difíciles para las nuevas organizaciones políticas, ya que se está exigiendo una serie de nuevos requisitos para los partidos políticos. “La nueva Constitución y la ley exigen muchas condiciones [que debemos cumplir para] presentar [nuestra solicitud]”, asegura Chumaporn Taengkliang, líder adjunto de Commoner’s Party [Partido de la Gente Común], que se fundó en marzo.

La ley requiere que los partidos depositen al menos un millón de baht tailandeses (alrededor de 30.000 dólares) como capital inicial, mientras que cada fundador tiene que participar con al menos 1.000 baht tailandeses. Además, es necesario que todos los partidos cuenten con al menos 5.000 miembros de pago y que añadan al menos otros 5.000 miembros en cuatro años.

A pesar de todas las restricciones y del alto número que están pagando, muchos continúan luchando. Actualmente, Chonticha se encuentra en continuo movimiento para evitar el seguimiento de la policía. Ha instalado cámaras alrededor de la casa de sus padres para impedir que las autoridades les molesten.

“Ya no me siento segura en Tailandia, no solo por los oficiales [de policía], sino también por los tailandeses”, asegura, y cuenta cómo los vecinos, que no estaban de acuerdo con su activismo, la habían amenazado. Incluso si las elecciones se terminan celebrando, afirma, tiene la expectativa de que los actuales líderes militares se van a mantener en el poder.

Aún así tiene ganas de que lleguen las elecciones, ya que espera que al menos le brinden a la gente la oportunidad de expresar su opinión. “Las próximas elecciones serán muy importantes para el pueblo tailandés”, afirma Chonticha. “Tenemos que decidir: ¿Queremos vivir bajo un régimen militar o preferimos que Tailandia vuelva a convertirse en una democracia?”

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1. Una artista acepta la rosa (símbolo de la lucha contra el gobierno militar) que le ofrece una persona del público durante un mitin contra el actual régimen en el Monumento del 14 de octubre en Bangkok, Tailandia, el 27 de diciembre de 2018.
2. Chonthicha Jangrew, de 26 años, da un discurso durante un mitin contra el actual régimen en el Monumento del 14 de octubre en Bangkok, Tailandia, el 27 de diciembre de 2018.
3. Una mujer se levanta para recibir el premio de una rifa durante un mitin contra el régimen actual en el Monumento del 14 de octubre en Bangkok, Tailandia, el 27 de diciembre de 2018.
4. Se ve a la gente detrás de las bandas de tela negra que dicen “El pueblo de Tailandia quiere elecciones”, durante un mitin contra el régimen actual en el Monumento del 14 de octubre en Bangkok, Tailandia, el 27 de diciembre de 2018.
5. Los artistas de una performance se abren paso entre la multitud durante un mitin contra el régimen actual en el Monumento del 14 de octubre en Bangkok, Tailandia, el 27 de diciembre de 2018. Los conos de tráfico representan al gobierno.

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Article by Laura Villadiego.
Editing by Denise Hruby and Anrike Visser.
Illustrations by Imad Gebrayel.
Audio story by Melanie Hall.